- Diputados impulsores del proyecto esperan que sea el eje turístico del Golfo de Nicoya
La Isla San Lucas se convirtió el trigésimo Parque Nacional de Costa Rica. Encierra riqueza histórica, arqueológica, marina, fauna, bosque y playa.
La iniciativa declara Patrimonio Histórico-Arquitectónico el conjunto de las edificaciones del antiguo Presidio San Lucas y además, declara de interés nacional y de alta prioridad, el desarrollo turístico sostenible, así como la conservación y restauración de las edificaciones del antiguo penal.
La administración del parque nacional quedará en manos de una junta directiva que estará integrado por representantes de este Ministerio, así como de la cartera de Cultura, del Instituto Costarricense de Turismo, de la Municipalidad de Puntarenas, de la Cámara de Turismo de Puntarenas y del Poder Ejecutivo.
Los congresistas impulsores de esta iniciativa esperan que se pueda desarrollar toda la infraestructura necesaria para facilitar el turismo sostenible, incluyendo la dotación de agua, electricidad, telecomunicaciones, higiene y saneamiento, muelles, atracaderos, servicios de alimentación y vías de acceso.
En la construcción de muelles, atracaderos y demás facilidades marítimas, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) suplirán el soporte técnico correspondiente a la Junta Directiva; asimismo, se faculta a estas instituciones para que construyan y den mantenimiento a las obras indicadas en esta norma.
Durante esta administración, varias instituciones, bajo la coordinación de la primera dama de la República, Claudia Dobles, retomaron el trabajo en la Isla de San Lucas y se hizo una millonaria inversión instalando baterías sanitarias y se restauró el sendero a Playa El Coco y se remozó la casa de los guardaparques.
Una larga historia
El presidio en la Isla San Lucas se abrió en 1873 y durante muchos años se convirtió en la prisión más cruel e inhumana que existió en el país.
El Centro Penal se cerró en 1991 y la isla quedó en manos de la Municipalidad de Puntarenas para que pudiera desarrollar un proyecto turístico-hotelero a través de concesiones, según una ley que había sido aprobada desde 1974.
En el 2008, durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez, decidieron cambiar por decreto el esquema de administración de la Isla, creando una junta directiva compuesta por los ministerios de Turismo, Ambiente y Cultura, así como la Alcaldía Municipal, para generar un equilibro entre especialidades y tareas, buscando conservar la naturaleza, restaurar el patrimonio arquitectónico y desarrollar un turismo sostenible.
Durante la administración de la presidenta, Laura Chinchilla, se logró recuperar el Edificio Central del Penal, con una inversión de ₵106 millones y la antigua Capilla, con una inversión de casi ₵200 millones.
Lamentablemente en el 2017, tras un abandono casi total de la administración de esa isla, el edifico central, restaurado en el 2011, fue quemado en su totalidad por parte de delincuentes que entraron a hacer destrozos a la isla.
